Alonso Lujambio.- Ernesto Villanueva*

Alonso Lujambio.- Ernesto Villanueva*
 
Alonso Lujambio es (era) un hombre inteligente, ambicioso y sagaz. Un cáncer ha cambiado la vida de este personaje que ha suscitado el “apoyo moral” de sus compañeros senadores y de una parte de la opinión pública. Creo, por el contrario, que el ejercicio del poder y la enfermedad de nuevo muestran un rostro poco afortunado de la ambición política y la opacidad. Veamos.
Primero. En estas semanas he dedicado mis colaboraciones a esta simbiosis entre enfermedad y poder. No me voy a repetir a mí mismo, (Se pueden consultar mis textos enfermedad y poder y sobre el oasis michoacano en las ediciones 1866 y 1868 de Proceso) pero con Alonso Lujambio se puede advertir cómo la ausencia de socialización de conocimiento, la colusión y la doble moral se han convertido en una cortina de humo para ver un poco más allá de la nota informativa “cuidada” por razones de una ética anclada en la simulación.
Las declaraciones de Lujambio son dignas de un análisis que no debiera ser pasado por alto. Ha afirmado que: “”La verdad es que es una enfermedad difícil pero aquí estoy con mis hijos y con mi esposa, estuvimos 8 meses en Estados Unidos y probamos todo lo habido y por haber” (Reforma.29.08.2012). Hay varias interrogantes que aún no tienen respuesta:
¿Por qué el gobierno federal gastó del erario el pago de los mejores médicos en Estados Unidos que le permitiera al ex secretario de Educación probar “lo habido y por haber” para tratar su enfermedad? ¿Por qué en su traslado se utilizó una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana? ¿Cuál es el fundamento legal utilizado por el gobierno de Calderón que le hubiera permitido distinguir entre un seguro de gastos médicos mayores que sólo acepta generalmente urgencias en el extranjero y la cobertura especial, si ese fuera el caso, con Lujambio? ¿Cómo justificar que Lujambio debe tener la mejor atención del mundo y las personas de a pie el “seguro popular” de Calderón? Hasta ahora no hay respuesta alguna. Sólo un silencio cómplice.
Segundo. Alonso Lujambio no dejó lugar a dudas sobre su situación médica. Distintos medios coinciden en señalar que: “en silla de ruedas y con un parche en el ojo derecho, detalló que el cáncer le afectó el sistema nervioso central, lo que provocó que empezara a ver doble, motivo por el cual tuvo que recurrir a este aditamento para evitarlo. (http://ww2.noticiasmvs. com/noticias/ nacionales/se-registra-alonso-lujambio-como-senador-221.html).
Pareciera loable la sinceridad de Lujambio al hablar de su estado de salud, pero en realidad demuestra que no sabe que su propia circunstancia le debiera impedir ejercer un cargo de representación popular. ¿Qué médico en su sano juicio podría sugerir que el ejercicio de un cargo público es un aliado para combatir el cáncer? La sociedad tiene derecho a tener “gobernantes sanos” (The New York Times dixit). Ahora no podrá ser el caso.
Lujambio no podrá rendir al 100 por ciento en su nuevo encargo, pero cobrará como si lo hiciera. ¿Cómo justificar legal y moralmente esa situación? Peor todavía, el sentido común aconseja que precisamente por tener afectaciones “al sistema nervioso central”, Lujambio no podría estar en una comisión porque podría poner en riesgo al país ¿Se imagina alguien a Lujambio como presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, de la de Seguridad Pública, Gobernación o de cualquier otra? ¿Cómo hará al menos para asistir puntualmente a las sesiones del Senado?
En otras palabras se tendrá que hacer una discriminación positiva y tratarlo desigual por su enfermedad, pero sin tocar un solo peso de sus percepciones, lo que no tiene racionalidad alguna. Es entendible que si durante el encargo se le detecta una enfermedad pueda invocar la incapacidad médica temporal. Nadie tiene el futuro asegurado. Pero este no es el caso. De manera pública se sabe que llega en un estado delicado de salud.
Tercero. Lo que pasa aquí es un ejemplo de lo que no debe existir. En México no se ha desarrollado como en las democracias una cultura de la dignidad ni del honor público. Por desgracia todo debe estar en la ley para tener al menos cierta seguridad sicológica de que pueda eventualmente cumplirse.
En ese tenor, estos casos deben regularse, al menos incluyendo los siguientes rubros en la Constitución y las leyes electorales, federal y locales: a) Deben introducirse exámenes médicos generales como requisito en la ley electoral, haciendo pública sólo aquella porción de información que pueda afectar el interés público, preservando así el legítimo derecho a la vida privada del gobernante; y b) Deben hacerse exámenes médicos y sicológicos anuales para evaluar si el ejercicio del poder no ha impactado en la salud de quienes ejercen cargos públicos de elección y de mandos superiores.
Alonso Lujambio por su bien y el de todos nosotros debe irse a su casa para seguir su tratamiento médico y con sus propios recursos. Es un absurdo, en cambio, que anteponga su interés político personal sobre el interés general sabiendo que sus capacidades están afectadas como él mismo lo ha reconocido.
Su propia ambición de poder ha hecho que renuncie voluntariamente a su derecho a la propia imagen y se muestre visualmente con todo desparpajo con las secuelas de su grave mal que será casi imposible revertir. De la misma forma pone de relieve la irresponsabilidad del PAN y el desprecio por sus electores al incorporar a una persona que sabía que sufre una enfermedad terminal como representante popular. El hecho de que nadie diga nada es ya un síntoma de que como sociedad tenemos todo por mejorar.
(*) Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

La Jornada: México SA

La Jornada: México SA

Hambre competitiva
Chinos contra charros
FC: en el éter salarial

Carlos Fernández-Vega

Planta maquiladora en San Cristóbal de las Casas, ChiapasFoto Víctor M. Camacho

Allá por mediados de febrero pasado, de gira por Aguascalientes, el inquilino de Los Pinos andaba muy contento y dicharachero, presume que te presume que la gran competitividad de la economía mexicana era producto de las mejores condiciones de trabajo y de ingreso imperantes en el país. Y tan abundantes y maravillosas eran, decía, que por esas causas “se están viniendo cada vez más empresas especializadas a nuestro país, no tanto porque los salarios sean muy bajos, que ciertamente habrá que mejorarlos, pero en China, por ejemplo, son infinitamente más bajos…”. Y se quedó tan tranquilo.

La Jornada: Reforma laboral

La Jornada: Reforma laboral

Adolfo Sánchez Rebolledo

Hace unos días, Arturo Alcalde explicó que la aprobación de la iniciativa de reforma laboral que presentó el presidente Felipe Calderón significaría la muerte del sindicalismo independiente en México. La razón es muy simple pues, según sus palabras, se cancelarían las dos pequeñas rendijas que tienen los trabajadores para tener un contrato colectivo propio: los emplazamientos a huelga por firma de contrato y el juicio de titularidad. En rigor, si durante años la ofensiva de la derecha liberal se concentró en la abolición de los monopolios en nombre de la libertad sindical, hoy está más claro que nunca que el verdadero objetivo de la iniciativa es la supresión de la resistencia de los trabajadores para favorecer un proyecto patronal, es decir, eliminar el espíritu de la ley legado por la Constitución para sustituirlo por otra normativa que, so pretexto de cancelar algunas fórmulas del viejo corporativismo, subordina a las organizaciones sindicales a bailar al son que les toquen los capitalistas. Eso es lo que está en juego.

Sigue...http://www.jornada.unam.mx/2012/09/20/opinion/020a1pol

Abogados 233: ¿Cómo los ciudadanos pueden presentar una iniciati...

Abogados 233: ¿Cómo los ciudadanos pueden presentar una iniciati...:
 Con esta entrada concluimos con el análisis de la llamada reforma política de 9 de agosto de 2012, ya que los otros supuestos de la reforma, es decir, la llamada iniciativa preferente y la ampliación de las reglas en caso de ausencia del Presidente; nada tienen que ver directamente con nosotros.

En ese tenor, la tercera y última potestad que los legisladores nos concedieron a los ciudadanos fue la posibilidad de iniciar directamente el procedimiento legislativo, rompiendo el monopolio que sobre este tema mantenían los Poderes Legislativo, tanto federal como estatal, y el Ejecutivo.

La reforma constitucional sobre este tema quedó así:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley,

Articulo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del mismo.

Hasta aquí todo luce muy bien. El problema son las letras chiquitas, como en todo. ¿Por qué no señalaron las reglas generales los legisladores en la Constitución y lo mandaron, tramposamente, a una ley inexistente y en su momento, fácilmente modificable y diferible?

De acuerdo al listado nominal 2012, el 0.13 por ciento de los ciudadanos equivale a 102, 830. Casi el aforo total del Estadio Azteca. Suponemos que el computo de estas personas lo hará, previamente el IFE, pero ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿en qué tiempo?. Pues no lo sabemos porque no quisieron aún decirlo.

Además, no hay equidad en la reforma entre los ciudadanos con los órganos que ya tenían facultades para iniciar leyes o decretos, ya que los legisladores federales tienen implícita prioridad en sus asuntos, pues ellos mismos dictaminan; el Presidente ya goza de trato preferente; las legislaturas locales no importan porque, de acuerdo a los informes oficiales, jamás presentan iniciativas... Y nosotros, ¿gozamos de alguna preferencia aunque la petición la suscriban millones de ciudadanos? No, porque nos fue negado ese derecho y los legisladores, con su conocida ineficiencia, pueden mandar nuestra petición a la congeladora sin que tengamos ningún medio de defensa.

Podríamos seguir señalando errores y deliberadas omisiones de la última reforma política. Muchas ya las indicamos en las anteriores entradas. ¿Ganamos algo los ciudadanos con estas modificaciones? Quizá esperanza y expectativa, solo eso.

Contestando la pregunta planteada de cómo los ciudadanos pueden presentar una iniciativa en México, la respuesta es muy simple: No pierda su tiempo.

La gran banca, detrás de Peña Nieto

Jesusa Cervantes
18 de agosto de 2012 ·
Reportaje Especial

Corporativo del banco HSBC ubicado en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.
Foto: Octavio Gómez.

Cada día surgen más indicios de una compleja maraña de movimientos financieros irregulares que presuntamente alimentaron los gastos de campaña de Enrique Peña Nieto. Hay señales de triangulaciones de dinero del erario mexiquense o inexplicables ganancias de la cadena Soriana. Y aún más, aflora una peligrosa cercanía de funcionarios de Hacienda y del IFE con altos ejecutivos de instituciones bancarias, algunas de ellas bajo sospecha de haberle apostado al candidato priista.

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Peña Nieto y los planes militares de Estados Unidos

No bastó la llamada precipitada de Barack Obama para felicitar a Peña Nieto cuando ni siquiera se habían terminado de contar los votos, sino que ante el gran movimiento que se desarrolla en todo México por la invalidez de la sucia elección del 1 de julio, el 25 del mismo mes Hillary Clinton se vio obligada a hablarle por teléfono a Peña Nieto para reiterar la felicitación y abordar el tema de la seguridad y la “responsabilidad compartida” de Estados Unidos-México. Para ellos es de vital importancia apoyar la imposición de Peña Nieto.

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La Jornada: El tribunal de la ignominia

La Jornada: El tribunal de la ignominia

El tribunal de la ignominia

John M. Ackerman

El Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no existen sólo para garantizar la legalidad de los procesos electorales, sino principalmente para asegurar su legitimidad y constitucionalidad. Surgieron en los años 90 como respuestas a la grave crisis política de esos años. Aunque Carlos Salinas de Gortari concibió el IFE y el Tribunal Federal Electoral (Trife, antecedente directo del TEPJF) como meros distractores de la protesta social, hubo, sí, una época de oro entre 1996 y 2003, cuando algunos consejeros y magistrados electorales lograron minimizar ese pecado de origen y escuchar verdaderamente a la ciudadanía. Hoy, sin embargo, estas dos instituciones vuelven a dar la espalda a la sociedad.

 

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