martes, 11 de noviembre de 2008
Cómo anda la cosa de la carestía en realidad...
Pedro Miguel navegaciones@yahoo.com • http://navegaciones.blogspot.com/
Carestía
Uno de los precios que más se han incrementado en México en años recientes, junto con el de la gasolina, el huevo y la tortilla, es el del gobierno. Con o sin inflación, independientemente de la calidad de los servicios prestados y al margen de las circunstancias económicas internas y externas, los poderes públicos negocian entre ellos las cantidades de dinero que se asignarán a sí mismos y las incrementan año tras año, de manera implacable y hasta grosera. Detrás de las montañas de discursos y promesas, por debajo de los tecnicismos que buscan encubrir el abuso, la clase política no suda ni se acongoja por penurias económicas. Entre los rituales del calendario político, uno muy deprimente –a evaluar por resultados– es el del manoseo argumental de la educación, la salud, la vivienda y el bienestar de la población, que se presentan como batallas definitivas (aunque su vigencia sea de 12 meses) contra los grandes problemas del país: las negociaciones ...
Lo mejor de la nota aquí... http://www.jornada.unam.mx/2008/11/11/index.php?section=opinion&article=027a1mun
Carestía
Uno de los precios que más se han incrementado en México en años recientes, junto con el de la gasolina, el huevo y la tortilla, es el del gobierno. Con o sin inflación, independientemente de la calidad de los servicios prestados y al margen de las circunstancias económicas internas y externas, los poderes públicos negocian entre ellos las cantidades de dinero que se asignarán a sí mismos y las incrementan año tras año, de manera implacable y hasta grosera. Detrás de las montañas de discursos y promesas, por debajo de los tecnicismos que buscan encubrir el abuso, la clase política no suda ni se acongoja por penurias económicas. Entre los rituales del calendario político, uno muy deprimente –a evaluar por resultados– es el del manoseo argumental de la educación, la salud, la vivienda y el bienestar de la población, que se presentan como batallas definitivas (aunque su vigencia sea de 12 meses) contra los grandes problemas del país: las negociaciones ...
Lo mejor de la nota aquí... http://www.jornada.unam.mx/2008/11/11/index.php?section=opinion&article=027a1mun
Para ir sabiendo qué clase de sabandijas "acomodan" en el gobierno de facto. Lean la nota completa, ENTEREN A TODO SU CÍRCULO DE AMIGOS Y CONOCIDOS.
México SA
Carlos Fernández-Vega cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
■ Ni las tragedias motivan a corregir excesos
■ El representante personal de La Ardilla
Pues nada, que ni las tragedias ni los “héroes” lo motivan a enderezar el barco, a sacar la escoba y a corregir sus excesos. Por el contrario, del íntimo Cid de los contratos petroleros pasó –luto riguroso de por medio– a palomear al representante personal de La Ardilla, otrora enemiga acérrima del cada día más solitario inquilino de Los Pinos, y hoy felizmente instalado en el gobierno de la “continuidad” al frente de la política interior. ¡Felicidades!, porque si las cosas siguen por ese rumbo nada extraordinario sería que la Coordinación de Asesores del flamante Secretario de Gobernación recayera en La Paca.
Funcionario litigante, abogado de los mil pleitos ganados con el sudor de su fuero y defensor de la elite entre la elite, Diego Fernández de Cevallos, La Ardilla, impuso heraldo en Bucareli ante la imposibilidad (sería “políticamente incorrecto”) de que él mismo se aposentara en la silla principal del Palacio de Covián. Así, por el bien de la nación, Fernando Gómez Mont y Urueta, en nombre del queretano, sustituye al “insustituible” (Calderón dixit) “bienaventurado” Juan Camilo Mouriño.
Y si Iván se sirvió con la cuchara grande, esperen los resultados de la camada que llega. Así es. La gobernación del país en manos de políticos litigantes, de abogados de grandes empresas y mayores intereses, asociados a los grandes “fracasos” de la impartición de la justicia y los barones del dinero que permanentemente la zancadillean.
Las cartas de presentación del nuevo heraldo en Bucareli hablan por sí solas: Fernando Gómez Mont fue abogado defensor de cuando menos los siguientes personajes de la siempre nítida e incorruptible clase política y empresarial del país: Carlos Cabal Peniche, El Rey del Amparo, presidente de Banco Unión y del Grupo Financiero del mismo nombre, el “empresario modelo” de Carlos Salinas de Gortari, quien en México nunca pisó la cárcel no obstante el cúmulo de denuncias en su contra, en especial la relativa a defraudación fiscal por algo así como 4 mil millones de pesos; Jorge Lankenau Rocha, presidente de Abaco Grupo Financiero (Banca Confía, en la que también participaron, entre otros, Fernando Canales Clariond, Eduardo Leaño, Alejandro Junco de la Vega y José Maiz García, suegro de Natividad González Parás, gobernador de Nuevo León), preso ocho años por los delitos de fraude, defraudación fiscal y violación a la Ley de Instituciones de Crédito; Óscar Espinosa Villarreal, ex regente del Departamento del Distrito Federal, acusado de peculado y desvío de 420 millones de pesos del erario capitalino.
Además, ... La nota completita aquí: http://www.jornada.unam.mx/2008/11/11/index.php?section=opinion&article=022o1eco
Carlos Fernández-Vega cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
■ Ni las tragedias motivan a corregir excesos
■ El representante personal de La Ardilla
Pues nada, que ni las tragedias ni los “héroes” lo motivan a enderezar el barco, a sacar la escoba y a corregir sus excesos. Por el contrario, del íntimo Cid de los contratos petroleros pasó –luto riguroso de por medio– a palomear al representante personal de La Ardilla, otrora enemiga acérrima del cada día más solitario inquilino de Los Pinos, y hoy felizmente instalado en el gobierno de la “continuidad” al frente de la política interior. ¡Felicidades!, porque si las cosas siguen por ese rumbo nada extraordinario sería que la Coordinación de Asesores del flamante Secretario de Gobernación recayera en La Paca.
Funcionario litigante, abogado de los mil pleitos ganados con el sudor de su fuero y defensor de la elite entre la elite, Diego Fernández de Cevallos, La Ardilla, impuso heraldo en Bucareli ante la imposibilidad (sería “políticamente incorrecto”) de que él mismo se aposentara en la silla principal del Palacio de Covián. Así, por el bien de la nación, Fernando Gómez Mont y Urueta, en nombre del queretano, sustituye al “insustituible” (Calderón dixit) “bienaventurado” Juan Camilo Mouriño.
Y si Iván se sirvió con la cuchara grande, esperen los resultados de la camada que llega. Así es. La gobernación del país en manos de políticos litigantes, de abogados de grandes empresas y mayores intereses, asociados a los grandes “fracasos” de la impartición de la justicia y los barones del dinero que permanentemente la zancadillean.
Las cartas de presentación del nuevo heraldo en Bucareli hablan por sí solas: Fernando Gómez Mont fue abogado defensor de cuando menos los siguientes personajes de la siempre nítida e incorruptible clase política y empresarial del país: Carlos Cabal Peniche, El Rey del Amparo, presidente de Banco Unión y del Grupo Financiero del mismo nombre, el “empresario modelo” de Carlos Salinas de Gortari, quien en México nunca pisó la cárcel no obstante el cúmulo de denuncias en su contra, en especial la relativa a defraudación fiscal por algo así como 4 mil millones de pesos; Jorge Lankenau Rocha, presidente de Abaco Grupo Financiero (Banca Confía, en la que también participaron, entre otros, Fernando Canales Clariond, Eduardo Leaño, Alejandro Junco de la Vega y José Maiz García, suegro de Natividad González Parás, gobernador de Nuevo León), preso ocho años por los delitos de fraude, defraudación fiscal y violación a la Ley de Instituciones de Crédito; Óscar Espinosa Villarreal, ex regente del Departamento del Distrito Federal, acusado de peculado y desvío de 420 millones de pesos del erario capitalino.
Además, ... La nota completita aquí: http://www.jornada.unam.mx/2008/11/11/index.php?section=opinion&article=022o1eco
Es insoportable el descaro de los panistas. Es necesario el resistir, pero también combatirlos como se pueda, es a lo que nos obliga el ser mexicanos.
Editorial
La confesión de Kessel
Ayer, en el contexto del foro empresarial México, cumbre de negocios, que se realiza en Monterrey, Nuevo León, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Georgina Kessel, dijo: “Alrededor de 70 por ciento de las actividades de Pemex (Petróleos Mexicanos) en exploración y producción ya las realizan otras empresas”. Tal aserto representa una confesión de ilegalidad, un reconocimiento de que la reforma petrolera recientemente aprobada, y aún no promulgada, simplemente busca regularizar una práctica ilícita, y una admisión de que el laberíntico proceso que condujo a su aprobación ha sido una simulación y una impostura del gobierno federal y de sus aliados en el Congreso.
Es necesario recordar que la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, aún vigente, afirma que “sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera (la cual) abarca (entre otras cosas) la exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación”. Es decir, el gobierno actual y los precedentes han venido violando en forma deliberada y reiterada la Carta Magna y la ley reglamentaria –lo que conlleva una gravísima responsabilidad política–, y las reformas referidas han sido una mera forma de dar cobertura legal a una situación de facto a todas luces ilícita.
Por añadidura, la funcionaria dijo que las modificaciones pactadas por Los Pinos con las bancadas de Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y un sector del Partido de la Revolución Democrática “tienen los mismos objetivos” que la iniciativa abiertamente privatizadora que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, envió al Senado el 8 de abril. La pregunta obligada es, entonces, para qué se incluyeron en esas propuestas párrafos e incisos que entregaban segmentos enteros de la industria petrolera a consorcios particulares, a sabiendas de que habrían de enfrentar una fuerte oposición política, social y técnica, y por qué no se optó desde un principio por enviar una versión menos impresentable, como la que finalmente se aprobó. Sea cual fuere la respuesta, queda en el aire, tras las declaraciones de la titular de la Sener, una sensación de trampa, de simulación, de tomadura de pelo, como lo fue, desde un principio, el aserto gubernamental de que las iniciativas inicialmente ensayadas “no eran privatizadoras”.
Cabe preguntarse, por lo demás, qué explicación darán a sus bases y a sus electores los dirigentes y legisladores perredistas –Guadalupe Acosta Naranjo, Graco Ramírez, Carlos Navarrete y otros– que se sumaron con entusiasmo y “orgullo” a una maniobra que, ahora es meridianamente claro, apuntaba a legalizar una privatización que ya se venía dando en los hechos.
En cualquier forma, la escandalosa declaración de Kessel plantea una disyuntiva ineludible: o se emprende de inmediato un esclarecimiento de la sostenida ilegalidad en la que ha venido operando la industria petrolera (cuando menos, 70 por ciento de ella), o se concede la existencia de un poder público cínico, que sólo se compromete a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes en las ceremonias de toma de protesta.
La confesión de Kessel
Ayer, en el contexto del foro empresarial México, cumbre de negocios, que se realiza en Monterrey, Nuevo León, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Georgina Kessel, dijo: “Alrededor de 70 por ciento de las actividades de Pemex (Petróleos Mexicanos) en exploración y producción ya las realizan otras empresas”. Tal aserto representa una confesión de ilegalidad, un reconocimiento de que la reforma petrolera recientemente aprobada, y aún no promulgada, simplemente busca regularizar una práctica ilícita, y una admisión de que el laberíntico proceso que condujo a su aprobación ha sido una simulación y una impostura del gobierno federal y de sus aliados en el Congreso.
Es necesario recordar que la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, aún vigente, afirma que “sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera (la cual) abarca (entre otras cosas) la exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación”. Es decir, el gobierno actual y los precedentes han venido violando en forma deliberada y reiterada la Carta Magna y la ley reglamentaria –lo que conlleva una gravísima responsabilidad política–, y las reformas referidas han sido una mera forma de dar cobertura legal a una situación de facto a todas luces ilícita.
Por añadidura, la funcionaria dijo que las modificaciones pactadas por Los Pinos con las bancadas de Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y un sector del Partido de la Revolución Democrática “tienen los mismos objetivos” que la iniciativa abiertamente privatizadora que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, envió al Senado el 8 de abril. La pregunta obligada es, entonces, para qué se incluyeron en esas propuestas párrafos e incisos que entregaban segmentos enteros de la industria petrolera a consorcios particulares, a sabiendas de que habrían de enfrentar una fuerte oposición política, social y técnica, y por qué no se optó desde un principio por enviar una versión menos impresentable, como la que finalmente se aprobó. Sea cual fuere la respuesta, queda en el aire, tras las declaraciones de la titular de la Sener, una sensación de trampa, de simulación, de tomadura de pelo, como lo fue, desde un principio, el aserto gubernamental de que las iniciativas inicialmente ensayadas “no eran privatizadoras”.
Cabe preguntarse, por lo demás, qué explicación darán a sus bases y a sus electores los dirigentes y legisladores perredistas –Guadalupe Acosta Naranjo, Graco Ramírez, Carlos Navarrete y otros– que se sumaron con entusiasmo y “orgullo” a una maniobra que, ahora es meridianamente claro, apuntaba a legalizar una privatización que ya se venía dando en los hechos.
En cualquier forma, la escandalosa declaración de Kessel plantea una disyuntiva ineludible: o se emprende de inmediato un esclarecimiento de la sostenida ilegalidad en la que ha venido operando la industria petrolera (cuando menos, 70 por ciento de ella), o se concede la existencia de un poder público cínico, que sólo se compromete a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes en las ceremonias de toma de protesta.
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