Hasta el funcionario electoral más indolente, el periodista más vendido o el político más cínico difícilmente avalarían la elección de un narco-presidente. Aunque la ley no señala específicamente que recibir dinero del crimen organizado es causal de nulidad de la elección presidencial, si se comprobara que el candidato ganador incurrió en esta falta, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendría que hacer su trabajo e invalidar la elección por incumplir con los principios constitucionales de legalidad, equidad y autenticidad, entre otros.
En este contexto, los argumentos legaloides en contra de la nulidad, supuestamente basados en un estrictoapego al
principio de legalidad, quedarían expuestas como simples coartadas para avalar la impunidad. Forzosamente se tendría que recurrir directamente a los principios consitucionales para evitar que la
leyse convierta en una simple mascarada para esconder la total perversión de las institucionales estatales.
