Contenido pertinente, utilización indecorosa, escenario lamentable: ese es el balance que se puede hacer del “Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia” que ayer propalaron las cadenas televisoras. Resulta deplorable que un pacto tan importante haya sido promovido, y luego aprovechado para mostrarse como redentoras sociales, por Televisa y Televisión Azteca. Resulta preocupante la subordinación, al interés de esas televisoras, de no pocos medios de comunicación, de los medios a cargo del gobierno y de instituciones públicas de educación superior.
El Acuerdo era necesario. Las exigencias del crimen organizado, que tiene cada vez más interés en imponer sus agendas a los medios de comunicación, requieren de parámetros claros para que las redacciones puedan tomar decisiones acerca del manejo de la información sobre hechos de violencia. En ausencia de tales coordenadas, distintos medios de comunicación se han convertido en portavoces de los narcotraficantes al exhibir las mantas que colocan en algunas ciudades, al mostrar ostensiblemente los recados que dejan junto a sus víctimas e incluso entrevistándolos como si se tratara de personajes públicos merecedores de aprecio y espacio mediáticos.
Las extorsiones que perpetran los grupos delincuenciales contra los medios en donde quieren ganar notoriedad, el aislamiento en el que eran colocados periódicos y medios electrónicos y también el afán de sensacionalismo que mueve a no pocas publicaciones y estaciones, se han conjuntado para que el narcotráfico se haya convertido en una fuente más para el periodismo mexicano. La vulnerabilidad de los medios y la pertinencia para que enfrenten juntos esa situación, hacían deseable el establecimiento de un acuerdo.
Desde hace al menos tres años, esta columna ha pugnado por la creación de un pacto de la prensa mexicana que definiera criterios capaces de orientar el manejo de las noticias sobre hechos violentos. En numerosas ocasiones recordamos la experiencia de los medios en Colombia, que en noviembre de 1999 establecieron un “Acuerdo por la discreción” con sencillas pautas para la cobertura informativa de hechos violentos.
El Acuerdo anunciado ayer por numerosos medios mexicanos, recoge algunas de las aportaciones más significativas de experiencias como la colombiana. Ubicar la información en el contexto que haga posible comprender los alcances de los hechos violentos, eludir la cada vez más frecuente costumbre de erigirse en ministerios públicos o juzgados mediáticos, proteger a las víctimas, son principios que deberían regir la actuación de los medios en cualquier tema y momento pero que resulta útil que estén consagrados en ese compromiso.
De manera especial, hay dos puntos que podrían redefinir el comportamiento de los medios en la cobertura de la violencia. Uno, es el acuerdo para no convertirse en cómplices de los delincuentes. El otro, es el empeño para proteger a los periodistas. Cuando un medio de comunicación difunde sin contexto y acríticamente un mensaje de los narcotraficantes, actúa como vocero suyo. Intencionalmente o no, diversos medios mexicanos se han comportado así especialmente en los años recientes.
Por otra parte, la protección de los periodistas con medidas específicas que pueden ir desde la cobertura conjunta de asuntos delicados y la publicación sin firma de algunas notas hasta la contratación de seguros de vida y gastos médicos, resultaba urgente. Algunos medios cumplen con varias de esas medidas y otros no. Las empresas de comunicación que ayer se comprometieron públicamente con ellas, estarán especialmente sujetas al escrutinio de sus públicos pero además a la exigencia de sus propios periodistas.
Plausible el Acuerdo, el afán para lucrar política y publicitariamente con él resulta harto condenable. El vistoso espectáculo escenificado ayer hizo del Acuerdo un recurso más de las televisoras para prestigiarse delante de la sociedad. No puede soslayarse que, precisamente ahora, se desarrolla el litigio de Televisa y Televisión Azteca contra el Grupo Carso que además de acaparar la telefonía ha manifestado intenciones de incursionar en televisión.
Hará falta mucho más que un show como el de este jueves para que la sociedad mexicana considere que Televisa y TV Azteca están regidas por principios éticos. Al supeditarlo a ese frente de convenencierismo corporativo disfrazado de filantropía que es Iniciativa México, el Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia queda prematuramente descalificado por ser un instrumento propagandístico de las televisoras.
Qué lamentable que a ese proyecto se hayan sumado, acríticamente, los medios de comunicación del Estado y la Universidad Nacional Autónoma de México. Se trata de instituciones con méritos, pero además responsabilidades, que tendrían que colocarlas como mucho más que meros satélites del Canal de las Estrellas.
El Acuerdo, por lo demás, no surgió de la deliberación de los periodistas, no pasó por las redacciones para que los informadores se interiorizaran en las reglas que establece, no es resultado de la acción común del gremio de los periodistas. Ni siquiera surge de un compromiso, precedido por la negociación de sus contenidos, entre las empresas de comunicación. Se trata de un documento que, igual que Iniciativa México, ha sido promovido por Televisa.
