En mis recorridos por el país pude comprobar que en los últimos tiempos se ha reactivado la explotación minera. Se trata de una actividad dominada básicamente por tres consorcios nacionales –Minera México, Peñoles y Grupo Carso–, así como por empresas extranjeras, sobre todo canadienses.
La privatización de este sector se ha llevado a cabo de manera silenciosa, pero profunda. Durante el gobierno de Salinas se reformó el artículo 27 y se concesionó a particulares, nacionales y extranjeros, la explotación de los recursos mineros. Bajo el gobierno de Vicente Fox se ampliaron las concesiones de 25 a 50 años, con la posibilidad de prorrogarse. Actualmente, se encuentran concesionadas 24.5 millones de hectáreas del territorio nacional, superficie equivalente a la extensión del estado de Chihuahua, el más grande del país. De modo que, prácticamente, toda la superficie y el subsuelo con potencial minero han sido enajenados para el aprovechamiento de unas cuantas compañías nacionales y extranjeras.
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