Participación, tal vez, pero ¿a honras de qué? Responsabilidad NINGUNA ¿O cuando empezaremosa percibir un sueldo del gobierno?

Fernando del Paso
La participación de la ciudadanía en la lucha contra el crimen
Por fin, representantes de los tres principales partidos políticos del país se han unido más allá de sus intereses sectarios para dar un ejemplo cívico.
El pasado viernes 3 de octubre leí, en la columna Jaque Mate que publica Sergio Sarmiento en el diario Reforma, algo que me asombró:
La PGR –representante al fin y al cabo del Poder Ejecutivo, en manos del PAN– arrestó hace unos días a un radiólogo del hospital de Xoco, porque el secuestrador Ángel Cisneros, a cuya custodia estaban asignados tres agentes de la AFI, se fugó mientras el técnico procesaba las placas de las radiografías que acababa de tomarle.
En el mismo artículo, titulado “Contra inocentes”, Sarmiento nos dice que la semana pasada los diputados del PRI presentaron una iniciativa que castigaría a aquellos ciudadanos que les alquilen a criminales casas que se utilicen en delitos como el secuestro y el narcomenudeo. Por otra parte, subraya que el jefe de Gobierno de la ciudad de México, Marcelo Ebrard, del PRD, ha manifestado su acuerdo con esta posición: afirmó que quienes alquilen viviendas a criminales son corresponsables de los delitos que éstos cometan, y agregó –nos dice el periodista– “que se fijen a quién se lo rentan”.
En pocas palabras, como las autoridades mismas son incapaces de impedir una fuga o de identificar a los delincuentes, será ahora tarea de los ciudadanos hacerlo... bajo amenaza.
¿Y cómo puede un ciudadano enterarse de que su inquilino en potencia es un narco o un secuestrador? ¿Por la facha? Muchos criminales no tienen la facha de serlo, y muchos ciudadanos inocentes pueden tenerla. Por ejemplo, hay muchos políticos que la tienen y no lo son. Otros que no la tienen y lo son, y una tercera clase: los políticos que sí tienen la facha de criminales, y que sí lo son.
¿Cómo, entonces?
¿No sería otra posibilidad de identificarlos la de pedir a cada inquilino en potencia que lleve colgado al cuello un letrero que diga “No soy criminal”, o bien “Soy narco”, o “Soy secuestrador”. ¿O no convendría que el gobierno federal exigiera a todos los ciudadanos una credencial que dijera algo así como “el dueño de esta credencial no es un criminal”, y cancelarla cuando comience a serlo o darle otra credencial donde diga, con letras rojas, “el dueño de esta credencial es un delincuente”?
Cómo, señores, díganme.
Ah, pues –nos dirán– siempre es posible exigirle al inquilino en potencia un certificado de (Nota completa aquí): http://www.jornada.unam.mx/2008/10/06/index.php?section=politica&article=021a1pol