El proyecto de Washington de controlar de manera cada vez más abierta el territorio mexicano ha dado un paso adelante tras la visita de la secretaria de Estado Hillary Clinton (25-26 de marzo), y el anuncio de la apertura en México de una oficina mixta de agentes estadunidenses y mexicanos en el marco de la supuesta “guerra contra el narco”.
1. La Constitución mexicana no autoriza al Ejecutivo federal, aun sea de facto, a ceder facultades del gobierno federal a los particulares, ni mucho menos a gobiernos extranjeros, y eso es precisamente lo que Felipe Calderón está haciendo desde la silla presidencial en la que se encumbró ilegalmente: entregar facultades del gobierno mexicano al de Estados Unidos, al aceptar que Washington investigue, ahora ya de manera abierta, los delitos cometidos por mexicanos en territorio mexicano, y no sólo eso, sino que aplique la supuesta legalidad estadunidense.
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