Después de más de medio año de virtual exilio en Nicaragua, Lucía Morett regresó a México. Es una sobreviviente del horror. Una víctima más del terrorismo de Estado que practica el presidente Álvaro Uribe más allá de las fronteras de Colombia. Lucía es una víctima civil, pero también testigo clave del operativo de guerra sicológica diseñado por Estados Unidos, y ejecutado por Uribe contra un campamento clandestino de las FARC en la selva del Sucumbíos, Ecuador, el pasado primero de marzo.
En la agresión murieron 25 personas, incluidos cuatro mexicanos. Tres mujeres sobrevivieron. Lucía Morett es quizás la única que puede dar testimonio cabal de lo que ocurrió. Al margen de los Convenios sobre la Guerra de Ginebra y otros relativos a la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, el personal militar que la interrogó cuando yacía herida, buscaba obtener información de valor inmediato, apartándose de lo que determinan las leyes humanitarias. Un video de la operación militar difundido por el gobierno de Colombia muestra imágenes tomadas con una cámara de visión nocturna, que exhiben a Lucía tirada en el piso, rodeada de soldados que la interrogan. El trato fue hostil, amenazante. Incluso la desvistieron e hicieron comentarios sexuales agresivos. Además, dada la gravedad de sus heridas, un interrogatorio en tales condiciones configura delito de tortura. La tortura está específicamente prohibida en los conflictos armados, internacionales o internos, sin importar si se aplica contra combatientes que hayan depuesto las armas, civiles, o incluso criminales comunes.
